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En 2025, tras varios meses de incertidumbre legal, el Departamento de Tesorería de Estados Unidos y FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)[1] emitieron una norma final interina que modificó radicalmente el alcance de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), creada originalmente para combatir las actividades financieras ilícitas.
Principales cambios:
- Exención nacional: millones de entidades estadounidenses quedan exentas de reportar Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI) conforme a la CTA.
- Foco en las entidades extranjeras: la obligación de cumplimiento se concentra casi exclusivamente en las empresas extranjeras.
Esto no significa que la CTA se haya derogado; sino un cambio masivo de sus prioridades. La CTA ha pasado de ser una obligación general para todos los operadores estadounidenses a ser una herramienta de aplicación selectiva. Para cualquier negocio internacional registrado en EE. UU., el cumplimiento deja de ser opcional y se convierte en el principal objetivo de la norma.
Enfoque restringido: definición de empresas extranjeras sujetas a declarar información.
Según la nueva norma, la definición de “reporting company” o (empresa informante*) se ha reducido significativamente. Una entidad se considera “reporting company” si cumple dos criterios específicos:
